Pedro Carrillo Carrillo
Alumno del cuarto semestre de la Maestría en Derecho Corporativo. Calendario 2012-A
Correo electrónico: pcarrillo_31@hotmail.com
Twitter: @pedrocarrillo8
INTRODUCCION
En nuestro México, el estado de derecho es débil, en la mayoría de los casos el respeto a la ley ya cada vez es más dudoso y el acceso a la justicia sobre todo cuando esta debe ser gratuita es desigual, aunque teóricamente el estado debe proporcionar los medios para que todo ciudadano pueda acceder a la justicia pronta, completa, imparcial expedita y gratuita siempre existen medios que permiten que no sea así.
Sin embargo tanto el acceso a la justicia como el respeto a la ley presentan deficiencias debido a razones económicas, culturales en procesos y organizativas.
Con las reformas que se han dado en los últimos tiempos sobre todo a nuestra carta magna la Constitución Federal la última de ellas al artículo 1º Constitucional en razón a los Derechos Humanos se debe tomar en cuenta que deben seguir prevaleciendo los derechos de vivir en paz y armonía para que los ciudadanos se puedan desarrollar mejor y alcanzar sus niveles de vida para ellos y sus familias que tanto esperan, por eso es tan importante que se siga trabajo en los valores éticos y profesionales para que el acceso a la justicia siga siendo un Derecho Constitucional no solo escrito sino cabalmente cumplido y la ciudadanía siga creyendo en las autoridades tanto estatales como federales.
EN QUE MEDIDA SERA EFECTIVO EL ESTADO DE DERECHO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
El estado cumple con las leyes cuando estas le permiten llevar a cabo sus políticas, cuando esto no es así tienden en algunos casos a desatender sus obligaciones legales, lo que implica una responsabilidad de un no hacer jurídico y esto trae como consecuencia un acto de autoridad.
En la actualidad los vacíos que existen en el estado de derecho ya son controlados lamentablemente por el crimen organizado y este ha alcanzado un enorme poderío, esto genera como consecuencia que los jueces o autoridades jurisdiccionales no tengan independencia al dictar sus resoluciones, pero no solo la delincuencia organizada sino también en muchos estados todavía funcionarios del poder ejecutivo y legislativo intervienen dando línea para resolver casos, situación que se da mas en los jueces locales.
Cuando en nuestro país se pretende reformar totalmente el sistema judicial en cuanto a su proceso, es decir a la aplicación de la oralidad en los juicios y ya varios estados ya lo han implementado así en materia penal principalmente pero ya en materia civil y mercantil, también se esta tratando de realizar, desde luego se deben de tomar en cuenta muchos aspectos para que nuestro país tenga un sistema de justicia oral de calidad, pero sobre todo con ética profesional y rápido acceso a la justicia que es lo que se pretende, contando con una infraestructura potente, porque si que queremos copiar el sistema judicial de otros países, no solo se deben de tener como base estadísticas referentes a rapidez en los juicios o procesos, también se debe de analizar la infraestructura en razón de creación de salas de juicio o juzgados, el capital humano la capacidad del mismo , la preparación académica de los integrantes del órgano jurisdiccional, ya que en algunos países, las personas que integran un juzgado la mayoría cuenta ya con nivel de educación superior a la licenciatura,, todo este tipo de cuestiones se debe analizar para no caer en los mismos vicios que siempre ha tenido el país lamentablemente como son la no elección adecuada de personas para la impartición de justicia, es decir la designación de jueces, magistrados etc. y también nos podemos dar cuenta que la preparación académica de los funcionarios del órgano jurisdiccional la mayoría no cuenta con un nivel de estudios como el ejemplo que hace unos momentos mencionaba, si bien es cierto que la preparación no garantiza una adecuada impartición de justicia, lo cierto es que un alto porcentaje puede ser que sea adecuada, ya que la persona podrá tener un conocimiento más amplio y pleno del derecho, siendo más analítico y quizá más propositivo.
CUANTA IGUALDAD Y SEGURIDAD EXISTE EN EL ACCESO DE LO CIUDADANOS A LA JUSTICIA
El artículo 17 de nuestra Constitución señala que toda persona tiene derecho, a que se le administre justicia, por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera, pronta, completa e imparcial; su servicio será gratuito quedando prohibidas las costas judiciales.
Sin embargo en la práctica hay limitantes para el acceso igualitario a la justicia, aunque la justicia es gratuita, implica costos que no todas las personas pueden sufragar (como los peritajes, presentación de otras pruebas, etc.) lo cual es una limitante importante para el acceso igualitario a la justicia. En muchos casos la ubicación de juzgados, generalmente en capitales y ciudades principales, dificulta el acceso a comunidades apartadas y de escasos recursos que puedan acudir a un juzgado a querellar y dar seguimiento a sus asuntos. Otro caso es cuando personas de bajos ingresos no poseen recursos para garantizar cauciones o fianzas que en ocasiones imponen los jueces.
Los indígenas pueden ver limitado su acceso a la justicia por razones culturales, ya que al ser su lengua madre diferente al español, se ven mermadas las posibilidades de una adecuada comunicación, aunque legalmente tiene derecho a un traductor, esta prerrogativa no se cumple con cabalidad en la práctica.
Resumiendo estos aspectos “se puede proclamar la igualdad ante la ley Constitucionalmente hablando, pero si la gente de escasos recursos no puede acceder a la justicia, para defender sus derechos, estamos frente a una justicia de cristal, es decir a la vista de todos, pero inaccesible”
CONCLUSIONES
Hemos analizado hasta aquí algunos obstáculos que se interponen en cuanto al acceso efectivo de la justicia, debemos persuadirnos acerca de que únicamente con el esfuerzo inteligente y denodado de los hombres del derecho podrán hacerse realidad las tan nobles ideas acerca de las causas tendientes a mejorar el sistema jurídico en nuestro país.
El objetivo se centra en imaginar con lucidez los esquemas apropiados a cada realidad, sin detenerse frente a las carencias y situaciones económicas que nos acechan. Los juristas y procesalistas, han de asumir en esta porfía, que su compromiso no se agota solamente en interpretar las instituciones, sino transformarlas.
Se debe establecer una autentica política jurídica en materia de acceso a la justicia, que requiera incrementar significativamente la investigación de carácter empírico y multidisciplinario : comprender que el acceso a la justicia implica mucho más que el acceso a los tribunales, desde luego mejorar la capacidad de las instituciones, mejorar la calidad de los servicios jurídicos y una aplicación adecuada en todos los niveles de gobierno que permitan una correcta atención a los diferentes tipos de conflicto social.
Para concluir el acceso a la justicia es una de las condiciones para profundizar la democratización de la sociedad mexicana y en la vigencia del estado de derecho.