“EL ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVES DE LA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA POR LAS DEFENSORIAS PÚBLICAS”

Pedro Carrillo Carrillo
Alumno del tercer semestre de la Maestría en Derecho Corporativo 
Correo electrónico: pitt_75@hotmail.com
Twitter: @pedrocarrillo8 


INTRODUCCIÓN 

En el derecho las sociedades encuentran los conductos de una vida civilizada: fijan los términos para dirimir una controversia, sus diferencias o caminos, con el propósito de realizar su libertad sin lastimar de los demás. También el derecho se encuentra los valores más preciados, su sentido de la dignidad, de la igualdad, de equidad y de justicia. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra carta magna se encuentran plasmados nuestros más fundamentales derechos y garantías individuales, como es el que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y su servicio será gratuito. La federación, los estados y el Distrito Federal, garantizaran la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad. 

En el presente artículo se abordara la problemática que existe en la actualidad en nuestro país referente al acceso a la justicia a través de la asistencia jurídica gratuita por medio de las defensorías públicas. 

La declaración universal sobre derechos humanos consagra el acceso a la justicia sin discriminación, ni razón social, sin embargo en nuestro país es evidente que en estos tiempos el acceso a la justicia para algunos sectores de la sociedad resulta más complicado ya que carecen de los recursos económicos para iniciar un procedimiento judicial o bien para construir una adecuada defensa de sus intereses, ante la evidente vulnerabilidad de este sector de la población en nuestra esfera jurídica se crearon instituciones integradas por defensores públicos y asesores jurídicos con el propósito que estos sean encargados de defender y asesorar jurídicamente a las personas de escasos recursos y no solo puedan tener acceso a la justicia, sino lo más importante y trascendental es que se logre un pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele el derecho, es de suma importancia que la asistencia jurídica gratuita otorgada por las defensorías publicas se tenga la idea que son instrumentos eficaces para facilitar el acceso al sistema judicial a quienes carecen de los medios para contratar los servicios de un abogado particular. 



ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Probablemente si la situación económica permitiera a los mexicanos tener un alto poder adquisitivo, la cultura jurídica seria otra, pues el ciudadano tendría posibilidad de acceder a una debida defensa legal y con ello aumentaría considerablemente su confianza en los cauces legales correspondientes. Desafortunadamente la realidad económica y social es otra, para un ciudadano común ser parte de un proceso legal es muy costoso. 

Ante esta situación el estado estructuro planes de desarrollo en los que reconoció y acepto la dificultad de gran parte de la población para acceder a una adecuada defensa legal, por lo que se dio a la tarea de implementar un dinamismo en el sistema jurídico mexicano, por medio de la defensoría de oficio del fuero común y la defensoría de oficio del fuero federal, consiguiendo con ello tratar de satisfacer las necesidades de un sector de la población. 

Bajo esta perspectiva el estado mexicano creó un proyecto de defensoría publica, aunque solo lo limito al área penal, este tomo forma dentro del Gobierno de Porfirio Díaz, quien expidió el 12 de septiembre de 1903 la Ley de Defensoría de Oficio común para el Distrito y Territorios Federales mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicha ley no tuvo modificaciones relevantes sino hasta el año de 1940 cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas expidió el reglamento de la defensoría de oficio del fuero común en el distrito federal. Esta última ley y su reglamento fueron base para construir los mecanismos mediante los cuales, la defensoría de oficio del distrito federal pudiera coordinar el apoyo decidido de diversas instituciones y lograr los fines principales, sin embargo en un principio las defensorías de oficio fueron creadas para prestar defensa y asesoría jurídica solamente en derecho penal, pero ante el importante crecimiento de otros conflictos en otras ramas del derecho se ha previsto la necesidad de otorgar patrocinio jurídico en otras del derecho. 



EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MÉXICO 

Uno de los problemas fundamentales que se plantea dentro de cualquier sistema democrático, es garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia de manera oportuna y eficaz. En el caso de México, los procesos reformadores de constitución y leyes orientadas hacia una mayor tutela para el ciudadano que adolece de los suficientes recursos económicos e independientemente de esto el acceder a la justicia es cada día mas complejo. (1) 

Sin embargo la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional, además de fundamental que se admite tanto a las personas que tienen o no recursos, sin limitación nacida del estado económico de tal manera que este en igualdad de condiciones que la otra parte y así obtenga una resolución fundada sobre las pretensiones ejercidas como actor o demandado, así mismo la expresión respecto de quienes puedan acreditar la insuficiencia de recursos para recibir asistencia jurídica gratuita y puedan tener acceso a la justicia encierran un núcleo indisponible, que supone sin duda que la justicia gratuita debe reconocerle a quienes no pueden hacer frente a los gastos originados por los procesos( incluidos los honorarios del abogado) esto con el propósito de que este sector de la población no deje de atender sus necesidades vitales y las de su familia y desde luego no queden privados de acceder a la justicia por falta de recursos económicos. (2) 

Tal como se establece en nuestra carta magna en el artículo 17 párrafo segundo que a la letra dice: 

“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones, de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas” 

Si le diéramos una interpretación mas amplia a este texto debemos conducirnos al afirmar que el derecho de acceso a la justicia no se consigna la posibilidad de acudir a los tribunales para formular pretensiones o defenderlas sino que implica que el estado tiene la obligación de remover todos aquellos obstáculos que impiden o dificulten el acceso efectiva de las personas sin distinción alguna y puedan acudir hacia los tribunales, además es un derecho que está plasmado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a la letra dice: 

El derecho de acceder a la justicia y la obligación de remover obstáculos económicos para garantizar los derechos sociales. 

A) La obligación de promover servicios de asistencia jurídica gratuita 

B) Los costos del proceso, la localización de los tribunales y el derecho de acceso a la justicia 

C) Situaciones de exclusión sistemática en el acceso a la justicia. (3) 



PROPUESTA 

Las instituciones encargadas de la defensa social como son las defensorías de oficio, consolidan una gran importancia dentro de los vínculos que representan ante la impartición de justicia, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables como son las personas de escasos recursos económicos. De tal manera que estas personas tienen un derecho tutelado por la propia constitución y organismos internacionales como parte pasiva y activa de un proceso legal. 

Ante tal situación es importante que este grupo pueda tener el acceso a la justicia y esta deba ser de calidad, eficiente y gratuita con el propósito de ver respetados sus derechos. 

Es evidente que las instituciones que otorgan la asistencia jurídica gratuita como la defensoría publica ha sido rebasada por la realidad social, en su caso por las insuficientes partidas presupuestales, que veces son erróneamente planeadas o por la carencia de una lógica administración por la utilización de los recursos en forma adecuada y esto trae como consecuencia que la asesoría, defensa y asistencia jurídica gratuita sea deficiente, por lo que es indispensable que se reestructure totalmente, se establezca una marco regulatorio en el que se defina claramente la asistencia jurídica gratuita en la cual se definan los elementos como asistencia jurídica gratuita en todas la materias del derecho, así como el contemplar los gastos inherentes a un proceso, que a veces se traducen en obstáculos hacia las personas de escasos recursos para acceder a la justicia de tal manera y por lo tanto se debe ampliar a efecto de que uno de los sectores más vulnerables de la población que son los de escasos recursos puedan acceder a la justicia pero no solo eso sino que a final de cuentas estos vean de manera efectiva la realización material de sus derechos y así se traduzca en un tema de igualdad a la justicia y no simplemente un tema de prestación. 

Para ello se requiere una organización profunda y la existencia de una planificación que asegure el derecho a las personas de acceder a la justicia, se requiere una transformación del sistema que regula la asistencia jurídica gratuita como en estos casos las defensorías de oficio, que permita a las personas entablar un proceso como parte activa o pasiva sin ningún gasto, seria importante que se creara una ley con presupuestos genéricos y uniformes que se integraran en los estados como sucede en otros países como España que asegura la amplitud de asistencia jurídica gratuita que va desde el patrocinio de un abogado y los gastos procesales para todos aquellos quienes necesitan o carecen de recursos para acceder a la justicia y hacer valer sus derechos. 



FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Valadés, Diego, un proyecto para garantizar el acceso a la justicia estudios en homenaje al Doctor Héctor Fix-Zamudio, ediciones jurídicas Unam tomo III 1998 

Colomer Hernández Ignacio “El derecho a la justicia gratuita”, editorial Tirant, Valencia 1999 

Fix Fierro, Héctor y López Ayllon, Sergio “El Acceso a la justicia en México” una reflexión multidisciplinaria, ediciones jurídicas Unam tomo I México DF, 2008. 



Notas

(1) Valadés Diego, Un Proyecto Para Garantizar el Acceso a la Justicia estudios en homenaje al Doctor Héctor Fix-Zamudio, México, Unam tomo III 1998 pág. 2490. 

(2) Hernández Colomer, Ignacio El derecho a la justicia gratuita, Ed. Tirant Lo Blanc, Valencia, 1999 p.299. 

(3) El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos. http://www.cidh.oas.org/