Silvia Rocío
Pérez Alvarado
@silvannacul
El derecho humano de acceso
efectivo a la impartición de Justicia, no sólo implica la facultad de que los órganos jurisdiccionales del Estado diriman los
conflictos sometidos a su consideración, sino, también, que se garantice la ejecución de sus fallos, lo que se logra con la figura de la
cosa juzgada, pero a partir de decisiones que provengan del ejercicio de una
función que cumpla íntegramente con los principios que legitimen su actuación.
Luego, el fortalecimiento de los
principios que rigen la función jurisdiccional, se convierte en un factor real
de consolidación de este derecho humano.
En México, en la actualidad, existen condiciones que influyen en el alcance del poder de las decisiones
jurisdiccionales, dentro de las que destacan los procesos de democratización y
las reformas del poder judicial, que resultan en la creación de una atmósfera
adecuada para definir y problematizar el tema de la independencia judicial, que
se constituye, tan solo, en uno de los
principios y valores que rigen esta actividad.
Recordemos, a guisa de ejemplo,
como 1988, genera condiciones de competencia política ante la sospecha del
fraude electoral y las reformas al Poder Judicial de 1987, implementadas en
1988, que lo ubican en una relación diferente con el poder político, que
convierten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal
constitucional.
El papel activo de los órganos jurisdiccionales al
incrementarse el nivel de contenciosidad, con reformas tales como las del artículo
105 constitucional (que refiere acciones de inconstitucionalidad y
controversias constitucionales), en conjunto con el cuestionamiento del
principio de división de poderes, que se une a una desconfianza crónica por
parte de la ciudadanía en los partidos políticos, reorientan la mirada al Poder
Judicial como factor de equilibrio dentro de un sistema democrático.
Es cierto que, bajo un premisa
temprana, partimos de que la ley establece las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la
cual se debe regir, dentro de un contexto razonable por los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo e independencia (artículo 100 Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos).
Sin embargo, los valores que
justifican la actividad del juzgador tales como la independencia,
imparcialidad, igualdad, competencia, gratuidad, probidad, corrección y demás,
que se consideren indispensables e inherentes a su personalidad y función, se
constituyen como premisas esenciales de la jurisdicción.
No debemos olvidar, en este momento
que la legitimación del juzgador se justifica en sus decisiones.
Cada uno de los principios que rigen
la función juridiccional se manifiesta dentro del ámbito interno del juzgador,
pero trasciende con mayor efecto como un valor externo.
Así, el derecho humano de acceso
efectivo a la impartición de Justicia, resulta, en una de sus vertientes, de
decisiones de una función jurisdiccional que cumpla íntegramente con los
principios que la rigen y sustentan, que convergen en un factor real de
consolidación de este derecho humano, sin dejar de lado la interdependencia con
otros derechos humanos, por las relaciones recíprocas que se establecen entre
ellos.
La ley finca las bases para la
formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial -
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia (artículo
100 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos)-.
Temas como la independencia del Poder Judicial, la
accesibilidad a todos los sectores de la población a la Justicia; la eficiencia
de las determinaciones judiciales en la solución de controversias de forma rápida
oportuna, el prestigio del buen
funcionamiento y la superación de fallas, se dirigen, sin duda, a sostener su
función de equilibrio entre los poderes Estatales y la fuerza vinculatoria de
sus decisiones, que redunda en un efectivo acceso a la Justicia.
Fuentes
de consulta
Rodolfo Vázquez
Cardozo, Justicia constitucional y democracia. La
independencia judicial y el argumento contramayoritario, Tribunales
Constitucionales y Consolidación de la Democracia, Suprema Corte de Justicia de
la Nación, México 2007, Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Sandra Serrano y Daniel Vázques, Principios
y Obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, Metodología para la
Enseñanza de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos (El enfoque de derechos humanos, México,
Flacso-México (col. Guías de estudio de la Maestría en Derechos Humanos y
Democracia), 2012.